Al igual que muchos políticos de carrera que ahora apoyan la reforma de la justicia penal tras décadas de respaldar las leyes policiales y de imposición de penas más injustas, el presidente Joe Biden ha brillado por su ausencia a la hora de cumplir las promesas a favor del cannabis y de la reforma de la justicia penal con las que se presentó a las polémicas y caóticas elecciones de 2020. Además de seguir haciendo referencia a las teorías ampliamente refutadas sobre el cannabis como «droga de iniciación», incluso durante la campaña electoral, Biden prometió que la reforma federal del cannabis se haría realidad bajo su presidencia.
Algunos legisladores destacados de ambos partidos del Congreso y el Senado, como el diputado de Ohio David Joyce y el diputado de Oregón Jeff Merkley, siguen presentando y patrocinando proyectos de ley para la reforma de la legislación sobre el cannabis a nivel federal; sin embargo, ninguno de estos intentos llega a dar frutos. La reforma del cannabis goza de una gran aceptación en las encuestas, pero el Congreso y el Senado siguen profundamente divididos en la mayoría de los temas, entre los que, lamentablemente, se incluye el cannabis. Y a pesar de cualquier medida para implementar reformas sobre el cannabis a nivel federal, Biden parece estar intentando reparar judicialmente los millones de errores e injusticias cometidos por la Ley contra el Crimen de 1994.
La primera ronda de indultos de Biden: octubre de 2022
En octubre de 2022, Biden anunció el indulto presidencial de miles de estadounidenses condenados por «simple posesión» en virtud de la legislación federal y en el Distrito de Columbia. Gracias a este indulto, esos miles de estadounidenses quedaron por fin libres de las numerosas desventajas socioeconómicas que conlleva una condena penal, especialmente una a nivel federal.
«Hay miles de personas que tienen condenas federales previas por posesión de marihuana y a las que, como consecuencia, se les puede denegar el acceso al empleo, a la vivienda o a la educación; mi medida contribuirá a paliar las consecuencias colaterales derivadas de estas condenas».
Aunque este indulto masivo es sin duda beneficioso, su efecto es lamentablemente insignificante para los miles de reclusos que cumplen condenas de varias décadas o cadena perpetua por delitos relacionados con el cannabis sin víctimas a nivel estatal. Para muchas de las personas encarceladas injustamente por cuya liberación abogan organizaciones como The Buried Alive Project y Last Prisoner Project, el anuncio de octubre de 2022 no supuso un gran alivio. Y es que, a menos que una condena por cannabis de cualquier tipo sea a nivel federal, el presidente de los Estados Unidos no puede ofrecer mucho más que una recomendación verbal en materia de indultos.
Segunda ronda de indultos de Biden: diciembre de 2023
En diciembre, el 46.º presidente anunció una nueva oleada de indultos relacionados con el cannabis que se suman a los indultos iniciales de octubre de 2022. En un comunicado detallado de la Oficina del Abogado de Indultos, el Departamento de Justicia explicó con detalle cómo estos indultos constituyen una prolongación de los indultos anteriores, concedidos hace 18 meses.
«El 22 de diciembre de 2023, el presidente Biden emitió otra proclamación que ampliaba las medidas de alivio previstas en la proclamación original», se lee en el boletín. «La proclamación de diciembre de 2023 añade a la lista de delitos indultados los siguientes: los delitos tipificados en la legislación federal por intento de posesión de marihuana; otros delitos tipificados en el Código del Distrito de Columbia por simple posesión de marihuana; y las infracciones de determinados artículos del Código de Regulaciones Federales relacionados con la simple posesión y el consumo de marihuana».
Una vez más, este proyecto de ley no aporta prácticamente ningún beneficio a las personas condenadas o encarceladas por delitos similares a nivel estatal. Sin embargo, en la declaración oficial de la Casa Blanca publicada ese mismo día, Biden se dirigió directamente a los miles de personas que cumplen condenas innecesarias en prisión por delitos relacionados con las drogas sin víctimas y se dirigió a los gobernadores de esos estados.
«Del mismo modo que nadie debería estar en una prisión federal únicamente por el consumo o la posesión de marihuana», explicó Biden, «tampoco debería haber nadie en una cárcel municipal o en una prisión estatal por ese motivo. Por eso sigo instando a los gobernadores a que hagan lo mismo con respecto a los delitos estatales y aplaudo a quienes ya han tomado medidas al respecto».
No obstante, esta nueva actualización del indulto masivo anterior vuelve a aplicarse únicamente a los casos de simple posesión o consumo. Si un infractor sigue encarcelado o tiene antecedentes penales por cualquier tipo de delito relacionado con la distribución de cannabis —cargos que suelen añadirse a muchos casos de posesión—, seguirá sin poder optar a ningún tipo de indulto.
También hubo 11 personas a las que Biden concedió el indulto por delitos no violentos relacionados con las drogas y que habían recibido condenas excesivas e injustas debido a las pautas de imposición de penas de la era Reagan o a la Ley contra el Crimen de 1994. Algunas de estas condenas estaban relacionadas con la posesión de crack, una sustancia cuya posesión y distribución se castigaban con penas considerablemente más largas en comparación con las impuestas por la posesión de cocaína en polvo.
«Estas personas, al igual que tantas otras, fueron declaradas culpables de delitos relacionados con las drogas y condenadas a décadas de prisión, incluyendo, en algunos casos, penas de cadena perpetua obligatorias», declaró un funcionario de la Casa Blanca. «Algunas personas recibieron condenas que duplican la duración de las que probablemente se les habría impuesto hoy en día y no pudieron beneficiarse de los cambios legislativos posteriores».
Nos queda un largo camino por delante
Los cambios reformistas, especialmente los relacionados con las penas por delitos de drogas y los millones de vidas afectadas por esas políticas, se producen por oleadas y no se pondrán en práctica de la noche a la mañana. Dado que la guerra contra las drogas es, en realidad, un fracaso injusto que dura ya décadas y ha costado billones de dólares, se necesitará el trabajo de varios presidentes y legislaturas diferentes para intentar reparar todos los colosales errores cometidos. Sin embargo, esta política de diciembre supone un paso más en la dirección correcta para un presidente que basó en gran medida su campaña en la reforma de la justicia penal y que se enfrenta a la reelección en noviembre.
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