El proyecto de ley sobre el cáñamo y el cannabis medicinal de Costa Rica fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 13 de enero, tras una votación de 29 votos a favor y 10 en contra. Sin embargo, lo que debería haber sido un hito para la legalización del cannabis en la región se ha visto empañado por la negativa del presidente Carlos Alvarado a promulgar el proyecto de ley n.º 21388.
Según el presidente Alvarado, existe la preocupación de que la nueva ley pueda entrar en conflicto con los tratados de control de drogas de los que Costa Rica es parte, como la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. De hecho, el 10 de enero, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes solicitó información adicional sobre el proyecto de ley, al tiempo que recordaba al Gobierno costarricense su obligación de regular estrictamente el cannabis medicinal.
Los defensores del proyecto de ley n.º 21388 señalan que la Sala Constitucional de Costa Rica ya ha dictaminado que no viola los tratados sobre drogas suscritos por Costa Rica. Ante la aprobación tanto legislativa como judicial de la propuesta, un veto al proyecto de ley sobre el cáñamo y el cannabis medicinal constituiría un «error muy grave, no solo para el Ejecutivo, sino también para la legitimidad del sistema político democrático».
En cualquier caso, el presidente Alvarado no ha dado a entender que tenga intención de vetar el proyecto de ley. En su lugar, ha pedido a la Asamblea Legislativa que «modifique» la ley propuesta, y el 21 de enero afirmó que su Gobierno presentaría una«contrapropuesta». Esto ha enfurecido aún más a los defensores del proyecto de ley sobre el cáñamo y el cannabis medicinal, quienes insisten en que el presidente debe firmarlo o vetarlo. La Asamblea Legislativa podría anular un veto si dos tercios de los diputados votan a favor.
Sin duda, no es la primera vez que vemos cómo la legislación sobre el cannabis tropieza con obstáculos en la región debido a las preocupaciones sobre las obligaciones derivadas de los tratados internacionales. Al mismo tiempo, parece haber una considerable reticencia por parte de las autoridades costarricenses a seguir adelante con la legalización, mientras que también está presente la esperada oposición a la reforma del cannabis por parte de los conservadores sociales. Si bien ser un buen ciudadano internacional puede estar motivando en parte la postura del Gobierno costarricense, es posible que haya otros factores políticos en juego.
Ya hemos habladoanteriormente sobre el proyecto de ley de Costa Rica, señalando las razones por las que la legalización del cáñamo y el cannabis medicinal en este país centroamericano supone una perspectiva prometedora. Esperemos que se pueda resolver el punto muerto entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, y que un proyecto de ley que lleva tanto tiempo gestándose pueda finalmente llegar a buen puerto.
