La guerra contra las drogas fue un fracaso. No logró detener el tráfico de drogas. Solo sirvió para hacer crecer el sistema penitenciario. La guerra contra el cannabis continúa a través de medidas agresivas de aplicación de la ley y de prohibición a nivel estatal y local, sin que se vislumbre un final. Y nos encontramos ante un mercado ilícito de enormes dimensiones. Todo esto es muy negativo y, colectivamente, debemos encontrar la manera de lograr que la gente cumpla con la legislación estatal, en lugar de penalizarlo todo.
La cuestión de la aplicación de la ley o el cumplimiento normativo es probablemente el mayor reto al que se enfrentan la mayoría de los estados a nivel político. Hoy analizaremos el argumento de que es mejor centrarse en el cumplimiento normativo que en la aplicación de la ley. La idea es que hay tres factores que reducirán el mercado ilícito: (1) la legalización a nivel federal y estatal, (2) los incentivos para acceder al mercado legal, y (3) dar prioridad al cumplimiento normativo frente a la aplicación de la ley. Analicemos esto a continuación:
La prohibición y las medidas coercitivas no dieron resultado
Huelga decir que la combinación de medidas represivas y prohibiciones dio lugar a décadas de una guerra fallida contra el cannabis, de encarcelamientos y de sufrimiento, que en muchos casos afectó a personas de los sectores más marginados de la sociedad estadounidense. A pesar de las sanciones previstas en la Ley de Sustancias Controladas —que llegaban a incluir penas de prisión de por vida —, la gente siguió cultivando, vendiendo y consumiendo cannabis.
Por cambiar un poco de tema, en las décadas posteriores a la creación de la Agencia Antidrogas (DEA) se produjo un aumento real del número de sobredosis y detenciones por drogas . El año pasado, señalamos que «los estadounidenses tienen ahora 19 veces más probabilidades de sufrir una sobredosis de drogas y unas 5 veces más probabilidades de ser detenidos por drogas que en el año en que se creó la DEA». Este año se han producido 100 000 muertes por sobredosis de drogas en EE. UU. Estas muertes no se deben al cannabis, pero esto solo sirve para demostrar lo mal que lo está haciendo el Gobierno en la guerra contra las drogas.
A pesar de todo esto, hay quien parece creer que la prohibición y la aplicación de la ley siguen siendo la solución. En California, la mayoría de las ciudades siguen prohibiendo o restringiendo severamente el cannabis, y la gente puede acabar en la cárcel por hacer cosas que serían legales en una localidad vecina. Sin embargo, el mercado ilícito es enorme. Según los informes, en 2019 había 3.000 negocios ilegales de cannabis en California. La prohibición, incluso combinada con la aplicación de la ley, ha fracasado.
La disyuntiva entre la aplicación de la ley y el cumplimiento
En 2013, el Gobierno federal cambió en cierta medida de postura con el Memorándum Cole. Este documento, relativo a la aplicación de la ley federal sobre el cannabis, limitaba la actuación de las autoridades federales a la prevención de ocho aspectos que se consideraban problemáticos, como la venta de cannabis a menores o las actividades de los cárteles. Así pues, (1) en los estados que adoptaron leyes coherentes con las prioridades del Memorándum Cole, y (2) para las empresas que cumplían con la legislación estatal, el Gobierno federal básicamente cumplió su promesa de no dar prioridad a la aplicación de la ley.
Esto dejó la aplicación de la ley en manos de los organismos reguladores estatales. Los estados adoptaron medidas que iban desde una aplicación excesivamente estricta hasta, prácticamente, no hacer nada. El estado de Washington, por ejemplo, se mostró tan agresivo en la aplicación de la ley que su legislatura obligó al organismo a centrarse en ayudar a las empresas a cumplir con la ley, lo cual fue un resultado bastante satisfactorio. Los reguladores de California, por su parte, prácticamente no han hecho nada y han permitido que el mercado ilícito creciera tanto que ni siquiera unas medidas de aplicación agresivas pueden cambiarlo.
El enfoque de cumplimiento
Algunos actores gubernamentales quieren evitar los desincentivos de la aplicación de la ley que no funcionan y optan por losincentivos al cumplimiento, que tal vez sí den resultado. El gran problema es que el grupo de actores que incumplen la normativa abarca desde aquellos que actúan de forma claramente ilegal hasta empresas con licencia que infringen por negligencia las leyes estatales, pasando por todo lo que hay entre medias. Obviamente, los incentivos y desincentivos son muy diferentes para cada grupo, lo que convierte esta tarea en un enorme desafío. Hay algunos pasos que son clave para lograrlo:
Paso 1: Legalizar el cannabis
El primer paso es una legalización amplia en todos los niveles de gobierno. Además de penalizar el cannabis, la legislación federal impone a las empresas unos costes fiscales y de cumplimiento normativo desorbitados. La prohibición a nivel estatal y local puede tener consecuencias similares. Esto hace que, para algunos, participar en el sector legal resulte desalentador. De ahí que el mercado ilícito siga existiendo.
Paso 2: Fomenta el cumplimiento (y no tendrás que recurrir a medidas coercitivas)
A continuación, el Gobierno debe incentivar la incorporación al mercado legal. Hemos trabajado con miles de empresas de este sector y sabemos cuáles son los puntos débiles y las soluciones, entre los que se incluyen aspectos como:
- Reducir o eliminar los impuestos
- Eliminación de los límites máximos de licencias y la concesión competitiva de licencias
- Reducir las tasas de licencia en general y eliminarlas para los solicitantes de programas de equidad social
- Aumento de los plazos de tramitación de las licencias
- Eliminar o reducir el papel de los organismos locales en el proceso de concesión de licencias
- Reducir las cargas normativas que exigen, por ejemplo, inversiones iniciales masivas en construcción
Todos estos factores (y la lista no es exhaustiva) alargan los plazos para obtener una licencia e imponen unos costes que la mayoría de los fundadores simplemente no pueden asumir. Facilitar y abaratar el acceso al mercado legal es la única forma de incentivarlo. Y si la gente se incorpora al sector, la aplicación de la ley deja de ser una prioridad.
Paso 3: El cumplimiento antes que la imposición
Una vez que las personas se incorporan al sector, la dinámica entre el cumplimiento normativo y la aplicación de la ley cambia considerablemente. En realidad, hay dos grandes categorías de posibles problemas:
En primer lugar, hablemos de los titulares de licencias que incumplen las normas. Las agencias tienen, en realidad, tres opciones: (a) no hacer nada, (b) hacer cumplir esas normas e imponer sanciones, o (c) intentar ayudar a los titulares de licencias a volver a cumplir con la normativa. La opción (a) es una muy mala elección (la opción que ha adoptado California en su mayor parte). Mi opinión es que, salvo en el caso de infractores reincidentes o de faltas graves, la opción (c) debería ser el enfoque preferido por los reguladores: ayudar a corregir un error en lugar de castigarlo. Esto incentivará al sector a ser más sincero y transparente con las agencias, fomentará la confianza y reducirá las cargas y los gastos que supone la aplicación efectiva de la ley, llevar a la gente a los tribunales, etc.
A continuación, analicemos los negocios que operan de forma ilegal al margen del mercado ilícito. Si, tras legalizar el cannabis y reducir las barreras de entrada, esto sigue ocurriendo, este podría ser el único ámbito en el que el Gobierno tenga las manos atadas a la hora de hacer cumplir la ley. Pero lo deseable sería que el Gobierno incentivara el cumplimiento de la normativa en los programas con licencia estatal hasta tal punto que la gente participara en ellos de buena gana y, como consecuencia, el mercado ilícito se disipara.
Conclusión
En mi opinión, la legalización, los incentivos para el mercado regulado y un enfoque centrado en el cumplimiento de la normativa son, en realidad, la única forma de acabar tanto con la pérdida de tiempo que supone la «guerra contra las drogas» (en lo que respecta al cannabis) como con el mercado ilícito. La mayor parte de esto es más fácil de decir que de hacer, pero si los estados adoptaran esta mentalidad a la hora de plantearse cómo regular el cannabis, podrían evitarse el quebradero de cabeza que supone un mercado ilegal masivo que no pueden controlar.
